Entrevista a Josu Iñaki Erkoreka, diputado de EA-PNV y portavoz de la Comisión Constitucional en la la Ley de Partidos

El pasado 18 de marzo la Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de estudiar la demanda de ilegalización que sobre Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna presentaron el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado daba a conocer el veredicto de su sentencia, por la que se acuerda la ilegalización de estas formaciones por vulnerar la Ley 6/2002 de Partidos Políticos. Se trata de la primera sentencia de ilegalización de una formación política que un tribunal de justicia emite en España tras la instauración de la democracia. ¿Qué significado se le debe dar a esta resolución judicial?

En el momento en que respondo a esta pregunta, no conozco todavía el contenido íntegro de la sentencia. Ello, sin embargo, no me impide adelantar una valoración general, que ha de revestir, evidentemente, un carácter más político, que técnico-jurídico. En vísperas de las elecciones generales de 1996 José María Aznar sostuvo en diferentes entrevistas que la ilegalización de Batasuna -entonces HB- era "absolutamente estéril".

Lo que a su juicio había de hacerse era "actuar contra las personas que amparan, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas, imputarles los delitos de los que son culpables, ponerles delante de un juez y que sean juzgados". Pero el de ilegalizar a todo un partido político era, para él, literalmente, "un camino equivocado". Por increíble que hoy nos pueda parecer, esta era la opinión de Aznar hace siete años. Pero no sólo entonces. Cuando asumió por segunda vez la presidencia del Gobierno, el año 2000, sus tesis sobre el particular no habían variado. Prueba de ello es el hecho de que, entre las medidas legislativas que prometió impulsar durante el nuevo mandato, expresara su intención de reformar otros aspectos del régimen jurídico de los partidos políticos como el de la financiación, pero nada -absolutamente nada- anunciase a propósito de revisar o reforzar los mecanismos legales previstos para su ilegalización.

Mi opinión, coincide básicamente con est...

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