El Consejo de Administración de la Sociedad Kursaal, del que forman parte la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, no está dispuesto a abonar los 1.266 millones de pesetas que reclaman las empresas constructoras del Palacio de Congresos para liquidar definitivamente la obra. Además, ante el "deficiente grado de acabado" y los "importantes retrasos", anuncia que rematará la construcción con "medios propios".